Ciencia y política: ¿matrimonio forzado?

Por Gonzalo Aguirre Orellana, 22 de agosto de 2019

En The Fifth Branch, Sheila Jasanoff analiza el rol de los comités de expertos en el sistema de regulación científica y tecnológica estadounidense. A partir de la década de 1970, la explosiva ampliación de la regulación generó un vasto conjunto de nuevas agencias y expandió la actividad regulatoria a un sector mayor del comercio y la industria. En este contexto emerge un nuevo actor: el experto científico, con la potestad de establecer estándares para regular la producción y venta de productos potencialmente nocivos para la población. La “quinta rama” que describe Jasanoff corresponde al “nuevo poder” asociados a los comités de expertos. En el esquema democrático estadounidense, a los tres poderes clásicos del estado es necesario agregar un cuarto, el servicio civil, y un quinto poder: las agencias regulatorias. En el periodo abordado por el estudio de Jasanoff, en Estados Unidos existían no menos de 5000 entidades regulatorias.

Esta quinta rama fue cuestionada prontamente. Por un lado, tanto la industria como la comunidad científica acusaron a estas entidades de manipular datos para aumentar la regulación; por el otro, en el contexto de un neoliberalismo creciente, el gobierno estadounidense (en ese entonces encabezado por Ronald Reagan) afirmó que las agencias regulatorias eran uno de los factores que limitaban el crecimiento económico del país. De este modo, la legitimidad del sistema comenzó a debilitarse por varios frentes. Surge una nueva paradoja: la alta complejidad de los datos requeridos para la toma de decisiones justifica la existencia de los expertos, mientras que, al mismo tiempo, la rigurosidad del sistema de regulaciones da pie a una reacción política que erosiona la legitimidad científica.

La legitimidad del saber experto se juega en la polarización entre un conocimiento objetivo (los hechos) y una política ideal y pura (los valores); en el imaginario de la política estadounidense, el componente científico y el componente político son vistos como dimensiones independientes, que no deberían cruzarse más que en determinadas circunstancias. En caso de ocurrir un cruce entre estos dominios, los resultados objetivos de la ciencia se verían contaminados, mientras que las decisiones políticas serían despojadas de parte de su carácter democrático y ciudadano. Jasanoff se posiciona en un punto medio entre ciencia y política, donde puede observar la interrelación entre hechos y valores en el debate sobre riesgos tecnológicos.

Dos imperativos políticos disputan el lugar del conocimiento experto en la toma de decisiones:  por un lado, una postura tecnocrática que considera que el principal obstáculo para tomar buenas decisiones es la falta de conocimiento experto; por otro, una postura democrática, que considera que el obstáculo es el escaso de los valores en la toma de decisiones, lo que puede remediarse aumentando la participación ciudadana. A pesar de estas tensiones aparentes, el roce entre el lento proceso de producir consenso en las comunidades científicas y la demanda acelerada por saber experto para la toma de decisiones dan lugar a un “matrimonio forzado” entre ciencia y política.

¿Qué podría decir la lectura de Jasanoff sobre el contexto latinoamericano o chileno? Al menos en el caso chileno, la figura del experto juega un rol como parte de los requisitos para participar en el mercado. La ciencia no se comporta como una fuente de poder coherente y única. Su posición no da pie a que prácticamente todos los actores involucrados en el diseño de políticas tengan algo que decir en su contra. Por el contrario, hay expertos en todos los bandos de las luchas por regulación, invistiendo las posturas con su conocimiento. Se trata, más bien, de una multiplicidad de agentes dispersos, disputando el lugar del conocimiento legítimo. Un ejemplo de esto podrían ser los conflictos por la instalación de la industria minera en Chile y los estudios de impacto ambiental (caso estudiado por Javiera Barandarian en un trabajo que se discutirá en otra oportunidad). Como una consecuencia de la multiplicidad de las fuentes de conocimiento en estas disputas, la unidad de la ciencia como un cuerpo de conocimiento es erosionada. Es el estado el que termina tomando las decisiones sobre las controversias ambientales; es decir, ante la incapacidad de articular una única voz científica, es la política y no la ciencia la que resuelve las controversias por regulación.

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